Antecedentes
La Ley de Notificación y Antidiscriminación y Represalias de los Empleados Federales reafirma el fuerte compromiso de política pública para garantizar que todos los empleados federales no duden en denunciar actos de discriminación, delitos o faltas de conducta asegurando que los empleados federales conozcan sus derechos. Esta ley, promulgada el 15 de mayo de 2002 por el Presidente Bush, tiene el objetivo de incrementar la responsabilidad de las agencias federales por los actos de discriminación y represalia. Esta ley, se conoce comúnmente como Ley No Fear. La ley entró en vigor el 1.º de octubre de 2003 para el Año Fiscal 2004.
Requerimientos
La ley “No Fear” establece que las agencias federales deben:
- Notificar a los empleados y solicitantes de empleo sobre los derechos que les otorga la legislación que los protege de la discriminación y la presentación de denuncias a través de sus sitios web públicos y ofrecer capacitación a los empleados sobre estos derechos.
- Publicar los datos estadísticos relacionados con las quejas sobre igualdad de oportunidades de empleo del sector federal en sus sitios web públicos.
- Garantizar que sus jefes posean la capacitación adecuada en la gestión de una fuerza laboral de composición diversa, resolución de conflictos temprana y alternativa, y las capacidades de comunicación esenciales.
- Realizar estudios sobre las tendencias y causas de las quejas por discriminación.
- Implementar nuevas medidas para mejorar el proceso de quejas y el ambiente de trabajo.
- Iniciar medidas disciplinarias en tiempo y forma contra los empleados que incurran en faltas de conducta relacionadas con la discriminación o represalias.
- Rembolsarle a la Tesorería del Fondo para el Pago de Sentencias de su propio presupuesto el dinero pagado por los acuerdos resolutorios y sentencias monetarias expedidas por las cortes federales en casos de discriminación en lugar de que los pagos salgan del fondo para el pago de sentencias del Departamento de Justicia.
- Presentar informes anuales ante el Congreso, el Fiscal General y la Comisión de Igualdad de Empleo de EE. UU. sobre el estado y progreso de la cantidad de casos de discriminación y represalias, la disposición de esos casos, el costo y la cantidad de empleados pasibles de medidas disciplinarias por haber incurrido en actos de discriminación, acoso y/o represalias.